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Una de las mayores preocupaciones del profesorado
andaluz en la actualidad la representa la dificultad en la convivencia en los
centros de enseñanza. Para USTEA es uno de los temas fundamentales de la acción
sindical, pues afecta a gran cantidad de profesionales y al sistema educativo en
su conjunto.
Ante las continuas afirmaciones por parte de la Administración educativa sobre
lo anecdótico y aislado de algunos hechos (agresiones físicas al profesorado y
entre iguales, insultos, amenazas...) acogemos el presente Decreto como
necesario, porque supone la asunción por parte de la Consejería de un problema
que, lejos de ser ocasional, se ha convertido en generalizado y preocupante.
No obstante lo anterior, aunque algunas reivindicaciones de USTEA son recogidas
en dicho Decreto -la implicación y coordinación de todas las Consejerías
relacionadas con la problemática; los Planes de actuación que parten de
instancias superiores o del propio centro; la propuesta de elaboración de un
protocolo de actuaciones en caso de incidentes; el establecimiento de un
catálogo de conductas perjudiciales y gravemente perjudiciales para la
convivencia con sus correspondientes sanciones; y la simplificación de los
procedimientos para la imposición de las medidas disciplinarias y correctivas-,
consideramos llamativo que el documento no entre en analizar la adecuación de
los centros a una nueva realidad social y educativa.
Consideramos llamativo el olvido que durante todo el documento se hace del
Personal Laboral y de Administración y Servicios, que también forma parte de la
comunidad escolar, y que sufre los mismos problemas que el personal docente.
Entre las medidas que echamos en falta están:
· Reducción de la ratio de manera paulatina y generalizada, así como la
desaparición de los macrocentros educativos, como condición básica para la
mejora de la convivencia.
· Necesidad de profundizar en el estudio de los conflictos derivados de la
construcción de las identidades de género en el ámbito de la convivencia
escolar. Identificar los factores de riesgo y planificar las estrategias para la
promoción de una cultura de paz desde el análisis coeducativo.
· Incluir a los representantes del Personal Laboral y de Administración y
Servicios en los comités de centro, provinciales y regionales.
· Mejora de la habitabilidad y la ergonomía de las instalaciones y el mobiliario
de los centros, como facilitadores de ambientes adecuados. Para ello debe
ponerse en marcha un Plan Renove de edificios y mobiliario.
· Todos los centros deberían ser “Espacios de Paz”.
· Dotación generalizada de personal especializado en resolución de conflictos en
todos los centros, así como una mayor implicación de otras administraciones
(local y autonómica).
Por otro lado, es necesario impedir que algunos centros sostenidos con fondos
públicos, con diversos métodos, seleccionen discriminatoriamente al alumnado.
Desde USTEA esperamos que la regulación del aula de convivencia lleve aparejada
una dotación específica y un reglamento adecuado para que no se convierta en una
herramienta de segregación o un problema más en los centros.
Queda por ver si los protocolos de actuación e intervención ante conductas de
maltrato, discriminación o agresión, todavía pendientes, recogen
reivindicaciones tales como la personación de oficio de la Administración
Educativa ante la Justicia, en aquellas actuaciones que recaigan en el campo
penal.
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Secretaría
de Comunicación