El Gobierno de Andalucía desafía a la LOMCE, que propugna el control externo para medir la eficiencia de colegios e institutos, y propone que los resultados no sean públicos para evitar los rankings. Andalucía pretende que las pruebas de evaluación de los centros escolares las haga el profesorado.
Se ataca de esta manera uno de los contenidos de la norma que eran «irrenunciables» para el ministro José Ignacio Wert, que aboga por que los padres tengan acceso a clasificaciones de los distintos centros docentes.
La hoja de ruta de «insumisión» contra la ley de educación incluye recurrirla en el Tribunal Constitucional, romper conciertos con los centros de enseñanza que segregan por sexo y mantener educación para la ciudadanía.
Inspectores de Educación, sindicatos y asociaciones de padres y madres de la escuela pública coinciden en la calificación negativa de la nueva ley. Incluso ven un ataque a la «igualdad de oportunidades».
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