La dicotomía entre escuela pública y concertada (privada subvencionada, a la que asiste el 25% de los escolares) ha sido una de las grandes discusiones de la educación española desde hace tres décadas. El problema no está resuelto y por eso sale a relucir, cada vez que se plantea una reforma legal, con una especie de lenguaje en clave cuyos matices pueden dar grandes argumentos jurídicos a unos u otros. Por ejemplo, cuando se habla de libertad de elección de las familias para elegir centro se quiere decir que si hay preferencia de los padres por la enseñanza concertada, eso estará por encima de la capacidad de las Administraciones de primar a la pública. Y decir que se debe tener en cuenta “la demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria persigue el mismo objetivo.

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