Desde USTEA mostramos nuestra más firme condena ante la agresión sufrida por una docente jubilada durante una concentración en apoyo a la huelga educativa en Valencia, mientras ejercía de manera pacífica su legítimo derecho a la protesta.

Resulta absolutamente intolerable que una trabajadora que participa en una movilización en defensa de la educación pública sea atacada por la espalda en una actuación policial que nunca debería haberse producido. Las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen la obligación de garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía, no de actuar contra quienes los ejercen.

El derecho a la manifestación y a la protesta son derechos fundamentales conquistados gracias a décadas de lucha social. No podemos normalizar imágenes en las que personas que defienden servicios públicos esenciales reciben como respuesta golpes, intimidación o violencia.

Desde USTEA rechazamos cualquier intento de criminalizar la movilización social y exigimos que se depuren responsabilidades ante actuaciones policiales que vulneren el derecho democrático a la protesta.

Quienes salen a la calle para defender la educación pública no son un problema: defienden un derecho colectivo.

Trasladamos todo nuestro apoyo y solidaridad a la compañera agredida y al conjunto de la comunidad educativa valenciana, que continúa defendiendo una escuela pública, inclusiva y de calidad.

Frente a la represión, más compromiso.
Frente a la violencia, más solidaridad.
Frente al miedo, más movilización.

Ninguna agresión sin respuesta.
Ningún paso atrás en la defensa de los derechos sociales, laborales y democráticos.