Frente a la especulación, los desahucios y el empobrecimiento de la clase trabajadora, la Federación USTEA, integrada en la Confederación Intersindical, hace un llamamiento a toda la clase trabajadora, y especialmente a quienes sostienen diariamente nuestros servicios públicos, a participar en la jornada de Huelga General de 24 horas y en las movilizaciones del próximo 11 de noviembre. Pararemos para defender el derecho a la vivienda y a unas condiciones de vida dignas para todas las personas, sumándonos al proceso de movilización impulsado por el Sindicato de Inquilinas y por el conjunto del movimiento sindical y popular.

Esta huelga general nace de una realidad que millones de personas sufrimos cada día: trabajar ya no garantiza poder vivir dignamente. Las trabajadoras y trabajadores pierden capacidad adquisitiva mientras los alquileres y el precio de la vivienda se disparan, los contratos temporales y por habitaciones se utilizan para precarizar aún más el acceso a un hogar y la especulación convierte un derecho básico en un negocio.

La vivienda es una cuestión de clase y, por tanto, también es una cuestión sindical. No podemos separar las condiciones laborales de las condiciones materiales de vida. De poco sirve una subida salarial si una parte cada vez mayor del salario termina en manos de quienes hacen negocio con nuestras necesidades básicas. La precariedad laboral, los bajos salarios, el encarecimiento de los alquileres y los productos básicos forman parte de un mismo modelo económico que antepone el beneficio privado a las necesidades de la mayoría social.

Desde USTEA entendemos que la respuesta no puede limitarse a medidas puntuales ni a declaraciones institucionales. Hace falta intervenir sobre el mercado de la vivienda y poner las necesidades sociales por encima del negocio. Exigimos al Gobierno y al conjunto de las administraciones públicas medidas inmediatas y estructurales que garanticen el derecho efectivo a la vivienda.

La lucha por la vivienda es inseparable de la lucha por los salarios, las pensiones y unas condiciones laborales dignas.

No vamos a aceptar que se normalice que las personas trabajadoras tengan que destinar más de la mitad de su sueldo al alquiler, que la juventud vea bloqueado su derecho a emanciparse o que las personas pensionistas tengan que elegir entre pagar la vivienda, alimentarse o comprar sus medicamentos. Y mucho menos que una familia sea expulsada de su hogar mientras miles de viviendas vacías permanecen fuera del alcance de la mayoría porque quienes las poseen esperan obtener una mayor rentabilidad. La vivienda es un derecho. No es una mercancía.

Mientras una minoría acumula viviendas y patrimonio, la mayoría social soporta el coste de un modelo que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. Frente a ello, necesitamos organización, movilización y conflicto social.

Defender los servicios públicos es defender la mayoría social.

Desde USTEA Federación afirmamos que la defensa de unas condiciones de vida dignas está inseparablemente unida a la defensa de unos servicios públicos fuertes, universales y suficientemente financiados.

Los servicios públicos son parte de los pilares que permiten garantizar los derechos y reducir las desigualdades. Los servicios públicos no son un gasto prescindible, son derechos colectivos y constituyen una de las principales herramientas de redistribución de la riqueza.

Sin embargo, sus trabajadoras y trabajadores soportan desde hace años pérdida de poder adquisitivo, insuficiencia de plantillas, temporalidad, sobrecarga laboral, externalizaciones y dificultades crecientes para prestar unos servicios de calidad con los recursos disponibles.

Esta situación afecta directamente a las condiciones laborales de las plantillas, pero también a la ciudadanía que utiliza esos servicios.

Desde USTEA defendemos también un modelo basado en empleo público estable y de calidad, plantillas suficientes, recuperación salarial, reducción de la temporalidad, mejora de las condiciones laborales y recuperación para la gestión pública de aquellos servicios que han sido privatizados o externalizados.

El 11 de noviembre paramos por nuestros salarios, por nuestras pensiones y por nuestro derecho a una vida y una vivienda digna.

¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO!

¡FRENTE A LA ESPECULACIÓN Y EL NEGOCIO CON NUESTRAS VIDAS, HUELGA GENERAL!