El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, evidencia una crisis habitacional que continúa dejando a miles de familias trabajadoras en una situación de inseguridad y vulnerabilidad.

Desde USTEA queremos mostrar nuestra solidaridad con todas las personas y familias que sufren la pérdida de su vivienda y denunciar que los desahucios siguen siendo una realidad en nuestro país. El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que finalmente ha sido desahuciada de la que ha sido su vivienda durante siete décadas, representa el rostro más duro de una crisis habitacional que no deja de crecer y que afecta especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Su historia no es un hecho aislado. Detrás de cada desahucio hay personas, familias y proyectos de vida que quedan condicionados por un modelo de vivienda donde los intereses económicos y especulativos continúan situándose por encima de las necesidades básicas y los derechos fundamentales de la población.

Desde USTEA consideramos que ninguna persona debería verse obligada a abandonar su hogar por no poder hacer frente a los precios del alquiler que establece un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible. La vivienda no puede seguir tratándose como una mercancía sometida únicamente a las reglas del capital, sino como un derecho esencial para garantizar una vida digna a todas las personas.

La crisis habitacional afecta especialmente a la clase trabajadora, a las mujeres, a las personas mayores, a la juventud, a las familias con empleos precarios y a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. El incremento de los alquileres, la pérdida de poder adquisitivo y la insuficiencia del parque público de vivienda están generando una situación de emergencia social que requiere políticas políticas firmes y valientes.

Esta realidad también tiene consecuencias educativas y sociales. La inestabilidad residencial afecta directamente al alumnado y a sus familias, dificulta la conciliación, incrementa las desigualdades y condiciona el acceso efectivo a los derechos fundamentales. No puede existir igualdad de oportunidades cuando una parte de la población vive bajo la incertidumbre de no saber si podrá mantener un hogar.

Por ello, desde USTEA exigimos:

• El reconocimiento efectivo del derecho a una vivienda digna, situándolo por encima de los intereses especulativos.
• Un incremento del parque público de vivienda en alquiler social, con recursos suficientes para garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de la población.
• Medidas urgentes para evitar desahucios sin alternativa habitacional digna, especialmente en los casos de personas y familias en situación de vulnerabilidad.
• La regulación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas, para garantizar que la vivienda sea accesible para todas las personas.
• La protección de las personas mayores, las personas dependientes y los colectivos vulnerables frente a procesos que puedan poner en riesgo su derecho a permanecer en sus hogares.
• El fortalecimiento de los servicios públicos y sociales, como garantía de cohesión y justicia social.

Desde USTEA defendemos que los derechos sociales no pueden depender de la capacidad económica de cada persona. La vivienda, la educación, la sanidad, los servicios sociales y el conjunto de servicios públicos deben ser pilares fundamentales de una sociedad justa e igualitaria.

La defensa de lo público implica también defender las condiciones materiales que permiten a las personas vivir con dignidad. Frente a un modelo basado en la especulación y el beneficio privado, reivindicamos políticas públicas que pongan la vida en el centro.

Porque sin vivienda digna no hay igualdad. Sin igualdad no hay justicia social.

USTEA
 El sindicato andaluz de lo público